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La percepción del Derecho como ente autónomo y distante al común de las personas, pero al mismo tiempo necesario y útil para resolver problemáticas de la vida diaria, constituye el foco central de la investigación que encabeza el Ph.D. Luis Lloredo Alix, docente investigador de la Universidad Autónoma de Chile en Temuco, que realiza en el marco de un proyecto FONDECYT.
“La percepción cotidiana sobre el Derecho es contradictoria. Por un lado, nos parece un ente extraño, incomprensible, inaccesible, hostil. Por otro lado, en cambio, desearíamos utilizarlo en nuestro provecho, legalizar nuestras aspiraciones y nuestros deseos. Por un lado lo rechazamos y por otro lo anhelamos. Esta investigación pretende estudiar esta dualidad”, explica Lloredo.
“El Derecho como Bien Común: una investigación sobre el concepto de autonomía de lo jurídico y una propuesta de reconceptualización del Derecho en los términos de la Teoría de los Bienes Comunes”, es el nombre de la investigación que se extenderá hasta noviembre de 2017.
La tesis que pretende demostrar es que el Derecho se ha convertido en una esfera reservada solo a los especialistas, los juristas, “que se han constituido en una casta con un enorme poder social”, sostiene este Doctor en Filosofía del Derecho con Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
Según señala el docente investigador, la noción de autonomía del Derecho, como esfera independiente de la moral, la política, la religión o la sociedad, “ha aportado grandes logros, como la separación de poderes o la separación entre delito y pecado. Sin embargo, también es un problema para la democracia, porque todas las decisiones que afectan a la vida pública se tramitan a través del Derecho y es algo demasiado técnico como para que lo pueda entender y manejar el ciudadano común”.
En este contexto, el objetivo de esta investigación es denunciar el excesivo tecnicismo de la práctica de los juristas, los legisladores o los tribunales. Esto, además de proponer un concepto de Derecho como bien común, es decir, como un bien accesible a toda la ciudadanía, menos profesionalizado, donde las élites jurídicas jueguen un papel más humilde y sujeto a las reglas de la democracia.
Para ello, el investigador está trabajando en una propuesta de reforma del lenguaje legal, en una propuesta de democratización de los altos niveles de la judicatura (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional) y en una propuesta de reforma de los estudios jurídicos.
Asimismo, la investigación tiene un alcance importante en relación con el actual debate acerca de la Constitución: ¿Debemos redactar una nueva? ¿Debemos hacerlo a través de una Asamblea Constituyente? ¿Debe ser votada mediante Referéndum o debe ser un trabajo realizado solo por juristas? ¿Pueden aprovecharse las experiencias del denominado nuevo constitucionalismo popular latinoamericano, como en Bolivia o Ecuador? ¿Puede utilizarse el modelo de Islandia, donde la nueva Constitución se redactó sobre la base de las aportaciones que los ciudadanos propusieron vía telemática? Todas estas son cuestiones a las que la investigación intenta dar una respuesta.