En 2012 se promulgó la ley que crea el Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de edad, iniciativa que buscaba que personas que fueron condenadas por abusos sexuales a menores de edad, no pudieran trabajar en establecimientos educacionales.
Pese a ello, la Superintendencia de Educación informó que, entre 2013 y 2015, 73 personas condenadas por este delito, las cuales figuran en el Registro de Inhabilidades, han trabajado cerca de escolares haciendo caso omiso a la sanción.
Según publicó este lunes El Mercurio, 48 de ellos corresponden a asistentes o docentes, 17 a transportistas escolares y otros 7 figuraban en el registro de profesionales del Mineduc.
De acuerdo a lo establecido por la ley, tanto colegios como jardines infantiles tienen la obligación de chequear el registro antes de contratar a una persona, así como también el de rechequearlos al inicio de cada año.
En relación a este tema el superintendente de Educación, Alexis Ramírez, explicó que cuando se detecta un caso, el procedimiento consiste en informar “al colegio que debe apartar de inmediato de sus funciones a la persona inhabilitada, para proteger a los estudiantes”.
Además, la situación se le comunica “al Ministerio Público por eventual quebrantamiento de condena”.
Hasta ahora en el registro figuran cerca de 4.017 antecedentes de personas que, hasta el 12 de abril pasado, fueron condenadas por delitos sexuales en contra de menores. Asimismo, se han llevado a cabo 14 procedimientos administrativos a establecimientos que no cumplieron con esta normativa, a los cuales se les aplicaron multas que van desde la privación de la subvención, hasta el pago de 22 millones de pesos.