El pasado 3 de marzo la subsecretaría del Interior envió al Consejo de Defensa del Estado, un oficio en el que piden que se aclare si es posible establecer responsabilidades civiles a los padres de menores que protagonicen destrozos y daños a la propiedad pública, como señaléticas, vehículos estatales y municipales, semáforos, paraderos, entre otros.
En su respuesta, el CDE explica que esto es posible si se considera el artículo 2320 del Código Civil, el que establece “que toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”.
La medida busca que los padres de menores de edad que sean sorprendidos causando perjuicio a los bienes fiscales, respondan por los perjuicios que generan sus hijos. Esto a raíz de los costos que significa para el Estado reponer o reparar los elementos que resultan dañados luego de los incidentes que se producen en fechas emblemáticas como el 11 de septiembre o 29 de marzo.
Sobre este tema, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, explicó que “esto va dirigido a quien cause daño a la infraestructura o equipamiento público, es decir, adquiridos y financiados con fondos de todos los chilenos y chilenas. Debe haber un responsable de esos hechos. No se trata necesariamente de querellas penales, aunque también pueden serlo, sino demandar civilmente a padres de menores de edad que han participado en destrucción de bienes públicos”
Asimismo, recalcó que la medida se llevará a cabo “inmediatamente. Cada vez que se tengan antecedentes de destrucción de bienes públicos, se perseguirá civilmente a los responsables de dichos daños”.
Fuente: La Tercera