Durante la tarde de ayer y tras llevarse a cabo el cónclave de la Nueva Mayoría, la Presidenta Bachelet informó que la gratuidad para educación superior, que inicialmente partiría por el 60% de los estudiantes más vulnerables de universidades del CRUCh e IP y CFT acreditados y sin fines de lucro, se ampliará a universidades privadas que no formen parte del Consejo de Rectores pero que cumplen actualmente con algunos requisitos mínimos. Sin embargo, al extenderse el beneficio a otros planteles que no están en el CRUCh, la cobertura bajará al 50% más vulnerable.
Con el fin de aclarar precisamente estos puntos, el Mineduc dio a conocer a través de su sitio web un comunicado en el cual detallan a quienes beneficiará este nuevo anuncio.
Según explica el portal, “los estudiantes que estarán cubiertos por gratuidad en 2016 deben pertenecer a los cinco primeros deciles socioeconómicos de la población y estar matriculados en carreras de pregrado presenciales, diurnas o vespertinas, dictadas en las instituciones elegibles”.
Asimismo, afirman “que la medida incluirá tanto a los alumnos que ingresen a la educación superior el próximo año como a los que ya se encuentran cursando alguna carrera o programa académico en los planteles que cumplen con los requisitos”.
En cuanto al resto de las ayudas estudiantiles que proporciona el Estado, el Ministerio de Educación aclara que se mantendrán “todas las becas de arancel que existen hoy, disponibles para los estudiantes que no accedan a gratuidad por estar matriculados en instituciones acreditadas no elegibles o para estudiantes del sexto y séptimo decil de los planteles elegibles”. Igualmente, seguirán entregándose becas de mantención y alimentación.
Para poder acceder a la gratuidad, las universidades privadas que estén fuera del Consejo de Rectores deberán cumplir con los siguientes tres requerimientos: estar acreditada por 4 años o más, no estar vinculada a ningún grupo económico o sociedad comercial con fines de lucro y contar con estatutos que consideren la representación y participación de estudiantes y/o funcionarios en las decisiones que se tomen al interior del plantel.
Por otra parte, las condiciones para institutos profesionales y centros de formación técnica se mantienen: acreditación y estar constituidos como sin fines de lucro.