Durante las últimas semanas una polémica muy interesante ha surgido, y es respecto a las Universidad que están acreditadas y el conflicto de intereses por parte de reconocidos políticos, quienes se han visto envueltos en negociaciones sospechosas entorno al sistema de acreditación, lo cual ha gatillado en crear una comisión investigadora al respecto. En la actualidad diversos parlamentarios, la mayoría de ellos UDI, estarían exigiendo el cierre de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Para comprender el conflicto que abunda en diarios y medios de comunicación estas últimas semanas es esencial conocer cómo funciona la tan renombrada CNA, el cual es un organismo que se preocupa de velar por la calidad de la educación superior, entregando así una especie de certificado que garantiza a la ciudadanía que aquellas universidades que están acreditadas ofrecen una educación buena y comprobada.
El asunto en cuestión surge en 2010, donde todas las universidades que postularon en el proceso salieron con al menos un año de acreditación en alguna de las carreras. Entre ellas no sólo Universidades, también Colegios de Formación Técnica e Institutos Técnicos. La particularidad de este suceso es que, o aumentó considerablemente la mejora en educación durante un año entero en muchísimas casas de estudio, o los parámetros de exigencia para acreditar a una institución fueron demasiado bajos.
Uno de los casos más emblemático es el de la UPV (Universidad Pedro de Valdivia) la cual había sido rechazada su postulación por la acreditación debido a una precaria situación económica, y en los siete días siguientes la Universidad anunció haber reparado los problemas y se volvió a votar para finalmente acreditarla sin mayores dificultades. Este tipo de irregularidades son las que afectan no sólo al “mercado” de la educación de nuestro país, sino que también a muchos estudiantes.
A raíz de esto, parlamentarios comenzaron a alzar la voz y se demostraron opositores a este tipo de sucesos que terminan por ensuciar y afectar directamente a uno de los derechos que debe ser garantizados por el gobierno: la educación. Es por ello que se está exigiendo el cierre temporal de esta comisión hasta que se solucionen y legisle respecto a las irregularidades cometidas por el organismo. Así lo declaró explícitamente el senador Carlos Larraín, quién enfatiza en que “La CNA no puede seguir ejerciendo sus funciones”.
Este problema no sólo repercutió en los estudiantes ni en los rectores de las universidades, si no que terminó consiguiendo la renuncia del ahora ex ministro de justicia, Teodoro Ribera tras ser acusado por corrupción y directo involucramiento en el conflicto de las acreditaciones.
Parlamentarios exigen cierre de la CNA
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